Córdoba: más de 4 millones de hectáreas protegidas con 8 Guardaparques, sólo un 25% son mujeres.

Córdoba es considerada la segunda provincia con mayor superficie protegida del país, pero con un exiguo cuerpo de guardaparques. La tarea de conservación no escapa de estar en un contexto patriarcal y eso se vive dentro de los ámbitos de trabajo, pese a que cada vez son más mujeres las que cursan la carrera.

Desde MAP hemos estado evidenciado la situación de precariedad laboral y reducida representación de género en las áreas protegidas provinciales de Córdoba. A continuación transcribimos la nota generada por Miriam Campos para el Diario La nueva Mañana, en lineamiento con ello.

En territorio solo trabajan ocho guardaparques, el resto son auxiliares y administrativos. La crisis laboral afecta también al total de los egresados de la carrera de guardaparque de la UPC, que desde 2015, ninguno pudo insertarse laboralmente en algunas de las 30 áreas protegidas de la Provincia.

Casi el 95% de las hectáreas que necesitan conservación; es decir, un total de 4.099.859, son gestionadas por la Provincia. Foto: gentileza Jésica García Molina /ACEN

“Hay que rebuscarse”, dice la guardaparque Manuela Duclo cuando habla de la inserción laboral en las áreas protegidas de Córdoba. “Si bien el perfil de la carrera es que seamos guardaparques en campo, también se abren posibilidades a otros tipos de trabajo, como la planificación o los relevamientos. Se van utilizando ese tipo de herramientas y se van abriendo otros campos de trabajo, porque en la provincia de Córdoba como guardaparque está muy difícil. A veces, puede salir algo en las privadas o municipales, pero en la Provincia está súper cerrado ese camino. No hay una política, ni intención de generar eso”, agrega.

Duclo hace referencia a las 30 áreas protegidas (de un total de 89) que están bajo gestión del Gobierno provincial y que representan casi el 95% de las hectáreas que necesitan conservación; es decir, un total de 4.099.859 hectáreas. Para toda esa superficie, el Personal de Áreas protegidas está conformado por un total de solo 32 personas (corregido del texto original), de las que ocho son guardaparques y el resto auxiliares y administrativos. Del total de trabajadores, menos del 20% son mujeres, y las identidades disidentes no tienen representatividad.  El resto de las zonas, de acuerdo al relevamiento del Monitoreo de Áreas Protegidas (MAP), son gestionadas por Nación (3,6%), los municipios (1,3%) o por propietarios privados (0,3%), que con sus particularidades son los otros espacios donde las y los egresados de la Tecnicatura Universitaria en Guardaparque se las ingenian para trabajar. La carrera fue creada en 2015 en la Universidad Provincial (UPC) y este año, pese a que tendrá ya su quinta cohorte, desde esa fecha nunca se abrieron convocatorias para incorporar a profesionales a las áreas protegidas de la Provincia.

Las mujeres y las identidades disidentes son las más perjudicadas por la crisis laboral del sector tras egresarse en la Carrera de Guardaparque en Córdoba. Foto: gentileza Cristian Schneider / ACEN

Precarización

Las mujeres y las identidades disidentes son las más perjudicadas por la crisis laboral del sector. En esa línea es que Rocío Cardona, también guardaparque y, junto a Duclo, integrantes de la Asociación para la Conservación y el Estudio de la Naturaleza (ACEN) que impulsó el Monitoreo de Áreas Protegidas, indica que la tarea de conservación no escapa de estar en un contexto patriarcal y eso se vive dentro de los ámbitos de trabajo, pese a que cada vez son más mujeres las que cursan la carrera. “Históricamente el rol de guardaparque se lo asoció a la figura del hombre Cis y a una serie de tareas que asocian normalmente con los varones”, explica.

“Nosotras también lo vemos en nuestros trabajos. Es difícil encontrarse con identidades disidentes trabajando en los territorios porque tampoco hay inserción laboral para elles. Y como mujeres también lo vemos y lo sufrimos, por ejemplo, desde el lado de los visitantes que concurren a las áreas protegidas que, muchas veces, tienen todavía esa mirada de que el guardaparques es un hombre cis”, relata Cardona y explica: “Puede pasar que desautorizan o buscan la referencia del guardaparque varón para validar lo que una les está diciendo. Son micro machismos que también pasan dentro del ámbito laboral y no escapan a la realidad patriarcal en la que vivimos».

La guardaparque destaca que pese a la situación percibe que el movimiento feminista también está llegando a estos lugares y estos espacios. “Veo en algunos sistemas, sobre todo municipales que se está incorporando mujeres para trabajar como guardaparques y eso es muy valioso”, cierra.

Córdoba es considerada la segunda provincia con mayor superficie protegida del país, pero con un exiguo Cuerpo de Guardaparques trabajando por la conservación y el manejo sustentable de los ecosistemas. Foto: gentileza Manuela Duclo

Áreas sin implementación 

Según datos del Sistema Federal de Áreas Protegidas (Sifap) con el 26% del total de superficie bajo algún marco de gestión ambiental de protección, Córdoba es considerada la segunda provincia con mayor superficie protegida del país, pero con un exiguo cuerpo de guardaparques trabajando por la conservación y el manejo sustentable de los ecosistemas que proveen servicios ambientales que son vitales. Hay trabajadores en campo, que a veces ni siquiera cuentan con presupuesto para cargar combustible al vehículo para hacer los recorridos. 

Para determinar si un área protegida se encuentra “implementada” o en funcionamiento, existen metodologías de uso nacional e internacional, que mediante indicadores pueden establecer en qué situación se encuentran las zonas protegidas creadas bajo mecanismos legales.

En ese marco, de acuerdo al relevamientos de MAP, las áreas protegidas administradas por el Gobierno de Córdoba no llegan al nivel mínimo de implementación o funcionamiento. “Para el año 2019 ninguna de las zonas protegidas bajo responsabilidad del Gobierno provincia, llegó a cumplir el nivel más bajo de los 10 indicadores más básicos”, donde se evalúa, por ejemplo, si tienen personal a cargo, equipamiento, planificación, destacamento, vehículo, entre otros. Por lo que ninguna se encontraría implementada.

Según los datos, sólo dos de ellas lograron el nivel de “cercanas a implementarse mínimamente”: la Reserva de Uso Múltiple Bañados del Río Dulce y Laguna Mar Chiquita, y Reserva Tau (la cual es co-administrada con un municipio). 

“Es importante atender la conservación de las áreas porque puede pasar cualquier cosa en esos territorios sin guardaparques que quedan desprotegidos”, dice la guadaparque Rocío Cardona. Foto: Gentileza ACEN

Proteger el ambiente y revalorizar el trabajo

“Yo soy del campo, nací en el campo, siempre necesité ese contacto con la naturaleza, y cuando fui creciendo me di cuenta de un montón de problemáticas o falencias donde si uno no pone el pecho ahí, a veces no hay otras personas que lo hagan”, cuenta Duclo, que nació en Colonia Caroya pero vivió toda su vida en San José de la Dormida, al norte cordobés, y por ello destaca: “Hay muchas personas que creen que porque se declare reserva una zona, está siempre cuidada y esto en la práctica no es así, es mucho más complejo y se necesita de muchas más cosas para que realmente se conserven ciertos espacios”.

En esa línea, Cardona, agrega: “Es importante atender la conservación de las áreas porque puede pasar cualquier cosa en esos territorios sin guardaparques que quedan desprotegidos”. 

“De hecho, actualmente, el proyecto de la Autovía de Punilla, que pasa por una de las áreas protegidas, está sin personal ni presupuesto y no se ha implementado nada”, dice Cardona y agrega: “Responde a la misma lógica de desprotección del ambiente”.

«Muchas personas que creen que porque se declare reserva una zona, está siempre cuidada y esto en la práctica no es así, es mucho más complejo», indica Manuela Duclo,  quien trabaja en la Reserva Natural de la Defensa Ascochinga. Foto: gentileza Jesica García Molina.

Ambas guardaparques trabajan en la Reserva Natural de la Defensa Ascochinga, tarea que realizan en colaboración con las autoridades de la reserva que tiene gestión de la Nación. “Tenemos un acuerdo y buena relación para poder trabajar en lo que es el uso público, pero las dificultades en general pasan por no tener presupuesto”, dice Cardona y detalla que la situación complica toda la logística: lo que es el transporte, las herramientas, todo lo que hace al trabajo de guardaparques. La retribución económica les llega a través del bono voluntario que compran los visitantes de la reserva y que a finales de la temporada, como ahora, empieza a ser cada vez menos. 

Cardona tiene 25 años, se recibió en la UPC en 2018 y si uno le pregunta por qué quiso ser guardaparque, responde: “Siempre tuve una sensibilidad con la naturaleza en general  y me parece que atravesamos un momento histórico en relación a lo que estamos haciendo con nuestros ecosistemas que requiere que haya gente que quiera proteger los ecosistemas. Siempre sentí esa necesidad de estar en ese lugar”.

“Pese a todo, el trabajo de guardaparque es una profesión muy linda. Hay muchas cosas, aristas para trabajar. El contacto con la gente y la cuestión ambiental, es una cosa que personalmente a mi me interesa mucho”, subraya la joven y agrega: “Es sumamente importante que se priorice la conservación de las áreas protegidas que ya tenemos porque ahí, hay valores de conservación muy importante, tanto por el valor inherente que tienen por su ecosistemas como para las comunidades que dependemos de ellos”.

Texto: Miriam Campos / La nueva Mañana

Publicación 23/04/2021: https://bityl.co/6W56

Ningún Área Protegida administrada por el Gobierno de Córdoba llega al nivel mínimo de implementación o funcionamiento.

Del análisis efectuado desde 2015 hasta 2019, se concluyó que ninguna de las APs bajo responsabilidad de administración del Gobierno Provincial se encuentran funcionando, ya que no cumplen con los requisitos para conseguir el mínimo nivel de implementación. Sólo dos de ellas están cercanas a lograrlo.

Mapa de las Áreas Protegidas provinciales creadas por el Gobierno de Córdoba.

En la Provincia de Córdoba existen 30 Áreas Protegidas (APs) que dependen del Gobierno Provincial (ver sección APs). Se distribuyen a lo largo del territorio cordobés y son fundamentales para asegurar la conservación y el manejo sustentable de los ecosistemas que proveen a las poblaciones servicios ambientales vitales. Todas estas áreas fueron creadas a través de algún mecanismo legal, sin embargo, que este instrumento les dé nacimiento, no garantiza que cumplan su finalidad. En la publicación “Situación de las Áreas Protegidas de Córdoba” se analizan 10 Indicadores de base (tomados de metodologías aplicadas a nivel nacional e internacional) que las APs deben alcanzar para expresar el nivel mínimo de implementación, y así poder definir si el Sistema de Áreas Naturales Protegidas de la Provincia está logrando sus objetivos.

¿Qué significa “implementar” un  Área Protegida?

De acuerdo a estándares nacionales e internacionales, se puede decir que un AP se encuentra implementada si cumple con una serie de aspectos de Administración, Gestión y Manejo, es decir, si hay esfuerzos reales para efectivizar su funcionamiento con algún grado de éxito en el territorio, y no sea entonces su creación solo una expresión de deseo o un mero papel. 

Básicamente los aspectos fundamentales de un AP implementada se pueden resumir en:
* Su declaración mediante un instrumento legal de creación o establecimiento, con los objetivos de creación pertinentes a su categoría de manejo y tipo de administración.
* Estar claramente delimitada en el espacio.
* Poseer (mínimamente) personal capacitado destinado a campo como Guardaparque.
* Tener vehículo, infraestructura y el equipamiento necesario.
* Tener un presupuesto asignado y en ejecución para su funcionamiento.
* Tener una Planificación de sus acciones a futuro.

10 indicadores para conocer el mínimo del mínimo.

Para evaluar los aspectos que describen la Situación de Mínima Implementación de las Áreas Protegidas, se seleccionaron 10 Indicadores (de hasta 50 de algunas metodologías) que describen lo que debería suceder en el AP a lo largo del tiempo, según los Criterios principales del Ámbito de la Gestión y Administración. Incluso, considerando solamente el nivel mínimo que debería cumplirse para cada Indicador, es decir: conocer si se cumple el mínimo del mínimo (ver sección Metodología).

Los resultados fueron claros y contundentes:  para el año 2019 ninguna de las 28 APs bajo responsabilidad del Gobierno Provincial estudiadas, llegó a cumplir el nivel más bajo de los 10 indicadores principales, por lo cual ninguna de ellas se encuentra implementada. Solo dos de ellas alcanzaron el nivel de Cercanas a Implementarse Mínimamente: la Reserva de Uso Múltiple “Bañados del Río Dulce y Laguna Mar Chiquita”, y la Reserva “Tau” (de las cuales esta última es co-administrada con un Municipio).

Infografía de la Situación de Implementación de 28 APs provinciales bajo administración del Gobierno de Córdoba (no incluidas: RN Vaquerías y RUM La Cumbrecita).

Para la obtención de estos resultados se analizó: la situación de correcta declaración legal vigente del AP, mencionando claramente Objetivos y Categoría de Manejo; la existencia de la delimitación espacial de cada una de ellas; el tipo y cantidad de personal del que disponen; existencia de una edificación de administración, caminos de acceso y mínimamente un vehículo como equipamiento esencial; el poseer presupuesto de financiamiento en ejecución; y la existencia de un Plan de Gestión (o Manejo) que incluya la Zonificación que clarifique donde se aplican las decisiones tomadas en cada AP.

¿Por qué no es suficiente declarar legalmente la creación de un AP para considerarla implementada?

Pensar que solo el acto administrativo legal de creación de una Reserva o un Parque solucionará las amenazas al patrimonio, los ecosistemas y la vida de comunidades locales, entre otros aspectos no solo puede ser ingenuo, sino una herramienta deliberadamente mal usada para generar marketing político ambiental, o “lavado de cara verde” (green wash) de una gestión político partidaria puntual. Esto atenta peligrosamente contra el espíritu y el propósito genuino de gestionar ambientalmente un territorio que tienen las APs, y elude la enorme responsabilidad política y social de que la misma funcione como herramienta de abordaje de nuestros conflictos y solución de nuestros problemas ambientales. Crear un AP mediante un instrumento legal es necesario para darle nacimiento, pero no es suficiente para asegurar su implementación.

Si un AP no funciona integralmente -en lo mencionado anteriormente y en una enorme cantidad de aspectos del manejo de los valores naturales y culturales-, no solo adquiere el carácter de “Reserva o Parque de papel” -lo que nos lleva a descreer de ellas-, sino que además estamos dándole la espalda a la grave crisis ambiental y política en que nos encontramos, y permitiendo que los intereses económicos de sectores hegemónicos primen por sobre nuestra salud y la de la naturaleza.

Las APs no implementadas finalmente se incendian, desmontan, degradan, se urbanizan y se contaminan, y así sus ecosistemas prioritarios se pierden. La falta de inversión en APs para que no cumplan sus objetivos, es una clara posición de que la política ambiental no les interesa a nuestros gobiernos y entregan nuestros territorios a la especulación económica.

Te invitamos a recorrer la Plataforma MAP para conocer más acerca de este estudio y descargar diferentes contenidos.

Podés acceder al informe completo Situación de las Áreas Protegidas de la Provincia de Córdoba desde este link, o ver solo la metodología aquí.