Las audiencias públicas, al igual que las manifestaciones sociales, son epicentro de la resistencia ciudadana ante actuaciones gubernamentales no representativas sobre la planificación territorial, las cuales ponen en evidencia relaciones de privilegio sostenidas con sectores privados para llevar a cabo acuerdos que profundizan el extractivismo.
Recorremos el caso de la Autovía de Punilla y otros escenarios similares de los últimos meses que ejemplifican ese esquema, junto a la creciente participación popular que lo interpelan.
Las voces ciudadanas en las alternativas a la Ruta Nacional Nº 38
En 2018 el Gobierno de Córdoba avanzó con un proyecto de traza para la “Alternativa a Ruta Nº 38 – Puente Costa Azul-La Cumbre”, que tuvo como antesala la construcción del Puente homónimo. Sin embargo, con fuerte oposición durante la audiencia pública y en la movilización del 31 de agosto -donde alrededor de 15 mil personas se manifestaron en las calles bajo el lema “No a la autovía de Montaña”-, en octubre el gobernador decidió paralizarlo.
La iniciativa se mantuvo latente, hasta que en diciembre de 2020 apareció una nueva propuesta de trazado: la “Alternativa Ruta N° 38 – Tramo Variante Costa Azul-La Cumbre”, que implicaría un recorrido de 43.5 kilómetros dividido en dos etapas de construcción. Entre abril y mayo de 2021 tuvo lugar la audiencia pública en referencia al EsIA para el primer tramo proyectado de 21.7 km, que se extendió durante 25 días. Como resultado, de los 508 expositores, casi el 90% fundamentó su rechazo a la obra por considerar que se desatienden necesidades prioritarias de la población local, y se pone en peligro el abastecimiento de agua. También se destacó que el avance de expropiaciones para el desarrollo de infraestructura pública y la afectación a zonas de bosque nativo (incluso dentro de áreas protegidas), funciona como puerta de entrada para futuros negocios inmobiliarios, entre otras objeciones. Con intención de reforzar la negativa al proyecto, algunos profesionales elevaron una denuncia a la Corporación Argentina de Fomento (CAF) que financiaría gran parte de este primer tramo, por violar las salvaguardas ambientales y de transparencia. Y la comunidad local redactó una Carta Abierta al Presidente de la Nación Alberto Fernández, para detener su apoyo a la obra tras haber aprobado dicho préstamo antes de que finalizara la audiencia pública (Decreto Nacional 295/21).
A pesar de la resistencia social, hace unos días los medios informaron que la Secretaría de Ambiente de la Provincia otorgó la licencia ambiental.
El bosque nativo y las Áreas Protegidas en el Proyecto de la Autovía de Punilla
Las amenazas directas que tendría la obra sobre áreas de bosque nativo incluirían Zonas de Protección de Categoría I (Roja) y Categoría II (Amarilla), acorde a las Leyes Nacional 26331 y Provincial 9814, con impacto en la Reserva Parque Recreativo Natural y Cultural Municipal “Río Yuspe” (Ord. 3447 del año 2013 del Municipio de Cosquín), y la Reserva Hídrica Natural Provincial “Los Gigantes” (Ley Provincial 8941 del año 2001). Cabe señalar que adicionalmente al bosque nativo y el sistema hídrico de las cuencas afectadas en ambos casos, la primera Área Protegida comprende un importante registro arqueológico que podría perderse. Incluso Áreas Protegidas municipales y privadas cercanas al trazado propuesto se verían perturbadas.
Desde MAP sostenemos que, a sabiendas de los valores naturales y culturales que se verían perjudicados, no existen mitigaciones ni mucho menos compensaciones posibles. El escaso y hasta nulo nivel de implementación que poseen en la actualidad estas Áreas Protegidas refleja el vacío en la gestión territorial estatal del Sistema de Áreas Protegidas de Córdoba, pero no debe justificar el desmonte de los relictos de bosque nativo que albergan. De igual manera, señalamos que el último Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) de la provincia (Ley 9814/2010) está desactualizado al no cumplir -por dos períodos de 5 años- con lo establecido por Ley nacional (Ley 26331/2007); y que el último intento de modificarlo en 2016 pretendió ser aprobado a espaldas de la ciudadanía, sin efectivizar el proceso participativo correspondiente.
Tres situaciones actuales que mantienen en foco la problemática
Consecutivamente a la audiencia pública por el EsIA de la “Alternativa Ruta Nº 38”, en el mes de julio debía llevarse a cabo la respectiva a un pretendido emprendimiento inmobiliario Torres del Lago en relación a la construcción de 15 torres y 11 edificios en predios de Villa Carlos Paz y Santa Cruz del Lago. Sin embargo, la misma fue suspendida ante gran oposición ciudadana, de distintas organizaciones socioambientales y hasta de la misma Municipalidad, por incumplimiento de la Ordenanza de área protegida municipal, entre otras razones. Mientras tanto, a principios de agosto se discutió públicamente el EsIA de un Proyecto que insiste en instalar una cantera a cielo abierto en Sierras Chicas (Puesto de Funes) en medio de dos Reservas Naturales municipales; y del 9 al 13 de agosto se desarrolló la audiencia respecto al Proyecto de autovía «Alternativa ruta provincial Nº5” en el Departamento de Santa María, que abarcaría casi 28 kilómetros. En esta oportunidad las comunidades nuevamente expresaron que no se trata de una obra de prioridad ni responde a las necesidades de los locales. Además, una de las fuertes denuncias radica en que el trazado aprobado en diciembre del 2020 fue modificado en enero sin pasar por la Legislatura, por lo que la consulta pública se realiza sobre una traza que carece de legalidad y legitimidad.
Paralelamente, en la localidad Villa General Belgrano se dará la audiencia pública por la construcción de la nueva terminal de ómnibus de dicha localidad en un predio municipal de 8ha, donde la comunidad propone la creación de una Reserva Natural Urbana (“Tierras del Tacu”), incluso previamente a que el Concejo Deliberante derogara una Ordenanza que daba protección especial al mismo.
En estos cuatro casos se ven implicadas zonas de bosque nativo: de Categoría II en Torres del Lago; Categoría I en Puesto de Funes; y Categoría I y II para el proyecto vial “Autovía Alternativa Ruta 5” y para el caso de la nueva terminal de Villa General Belgrano, involucrando en los tres primeros, áreas que sufrieron la voracidad de los últimos incendios.
Planificación territorial ¿con beneficio para quiénes?
Estamos viviendo una época que es testigo del significativo impacto global de las actividades humanas sobre los ecosistemas, en escenarios de lo más diversos a nivel nacional.
Se sabe hoy en día que la planificación territorial debe ser integral y participativa, además de tener en cuenta las diversas prioridades sociales y ambientales que las comunidades locales posean, expresen y demanden. La manera en que se pretende imponer el desarrollismo productivo, sin límites ni licencia social, vulnera parámetros actuales de gestión participativa incluso instituidos en documentos y normativas estatales de las jurisdicciones municipales, provinciales y nacionales vigentes.
En Córdoba, la Ley 10208/14 de Política Ambiental enmarca de diferentes maneras la participación ciudadana e instrumenta la Política y Gestión Ambiental, no sólo por medio de la Evaluación de Impacto Ambiental (que incluye el Estudio de Impacto Ambiental y las audiencias públicas), sino también a través de otros procesos, herramientas y mecanismos. Entre ellos, se determina el Ordenamiento Ambiental Territorial (OAT),el cual “se basa en la moderna concepción del ambiente, inclusiva de los bienes y valores naturales, sociales, económicos y culturales, desde una perspectiva más sistémica en la que ninguna de esas dimensiones puede ser dejada de lado (…) propone un enfoque dinámico, flexible y con capacidad adaptativa a los cambios de contexto, construido de manera participativa, multisectorial, interdisciplinaria y multinivel como requisito de legitimidad del proceso”. Este enfoque es superador desde una perspectiva legal, conceptual y social, a los enfoques más clásicos de Ordenamiento Territorial, centrados en la planificación de atributos particulares y uso del suelo desde una óptica tecnocrática, estática y no participativa.
En las últimas décadas se ha profundizado la visión mercantilista de la naturaleza regida por los monopolios que acentúan la inequidad social, mientras las palabras y prioridades enunciadas por las comunidades locales y los pueblos originarios son ignoradas. Sin embargo, en lo que respecta a estas problemáticas y sus conflictos ambientales, y a pesar de que las entidades gubernamentales pretenden aprovecharse de la cualidad no vinculante de las audiencias públicas, estas instancias representan un importante derecho ambiental adquirido y defendido. Y es posible comprobar que muchas veces la creciente presencia social en las consultas públicas, junto a las manifestaciones masivas en las calles, ejercen la presión deseada en decisiones gubernamentales inminentes disputando el poder que los Gobiernos pretenden retener puertas adentro.
En este sentido, sostenemos que la acción ciudadana legitima espacios de resistencia y el reclamo sobre la implementación de los mecanismos que habiliten su participación en los procesos de toma de decisiones de las políticas públicas ambientales.