Áreas Protegidas en contextos urbanos: Derogación, recuperación y nuevo abandono del Área Protegida Municipal «Río de los Sauces».

Las Áreas Protegidas (APs) municipales y comunales en la actualidad van en aumento como figuras de gestión ambiental en zonas urbanas, periurbanas y rurales, asociadas a este tipo de jurisdicciones. En Córdoba, en las últimas dos décadas, se han creado alrededor de 30 y, si bien las mismas responden a una diversidad de contextos sociales y naturales, vemos reflejados dos escenarios en extremos opuestos: en una gran proporción de ellas se observa muy bajo nivel de gestión -o no están implementadas-, mientras un grupo reducido presenta mayor implementación que las APs del Sistema Provincial.

A grandes rasgos, las APs municipales/comunales están asociadas a cursos de agua y cuencas hídricas serranas, con problemáticas y amenazas similares en cuanto al avance del negocio inmobiliario, o la presión de uso por sistemas de producción intensiva ganadera o minera. Esto determina que la mayoría sea declarada bajo categorías de Reservas Hídricas y Recreativas Naturales, o en relación a patrimonios culturales. Sin embargo, también es muy común que en el marco de su creación no se les asignen categorías específicas que permitan establecer un horizonte claro en cuanto a las estrategias de gestión y manejo.

Por motivación personal y colectiva en la Asociación Civil Prevenir, Gerardo Coria, biólogo y vecino de Villa Dolores (Departamento de San Javier), se acercó a Plataforma MAP para dar a conocer la situación actual del Área Protegida Municipal «Río de los Sauces»  (Ordenanza Nº 2546/2018). 

Vista oeste del río de los Sauces, municipalidad de Villa Dolores. (Foto: gentileza de Gerardo Coria)

A continuación, te compartimos la entrevista que le realizamos: 

Esta AP ya había sido creada en 2010, pero luego de un año se derogó su constitución, ¿qué pasó en ese entonces, y cómo se produjo posteriormente la creación vigente? 

GC: Como miembro de la ONG Prevenir, que se dedica a temáticas asociadas al medio ambiente y la salud, a fines de 2010 habíamos logrado que el predio que comprende parte del curso del Río de los Sauces, delimitado de este a oeste por el ejido municipal de Villa Dolores y su ribera, sea declarado Reserva Natural Urbana. Pero ese acto fue derogado por el Concejo Deliberante en 2011 debido a conflictos jurisdiccionales con la provincia. 

Quedó esa intención latente y en julio 2018, tras insistencia por parte de la ONG, la ciudadanía local y algunos dirigentes políticos, se logró recuperar la figura de protección con una nueva Ordenanza de creación, que incorpora un artículo para evitar el conflicto previo, y adicionalmente propone la creación de un AP provincial aledaña. En lo que refiere a la AP “Río de los Sauces”, desde que se volvió a crear hasta hoy estamos comprometidos en conseguir que se implemente.

¿Nos podés contar algo más acerca de lo que pasó con esa intención de crear el AP provincial? 

GC: Tras el conflicto en 2011, durante el proceso para volver a crear el AP en 2018, el legislador Oscar González propuso la creación de un AP provincial dentro un espacio acotado entre Dique Boca del Río y el puente que une Villa Dolores con San Pedro. Hubo algunos debates respecto a la extensión que se proponía, entre otras cosas, e incluso desde la ONG Prevenir junto con vecinos de Piedra Pintada presentamos un proyecto alternativo. El proyecto de González fue rechazado y el nuestro no se debatió más, quedó inconcluso en la Legislatura de Córdoba. Fue un proceso que no avanzó, probablemente porque no hubo acuerdo.

Ver Proyectos de Ley Provincial aquí.

Volviendo específicamente al AP “Río de los Sauces”, desde la comunidad o la ONG, ¿han tenido oportunidad de visibilizar de alguna manera el bajo nivel de gestión que tiene el AP? 

GC: Desde marzo de 2020, luego de muchas notas en diferentes medios, logramos que se creara el Consejo Consultivo que debe acompañar la gestión municipal según uno de los artículos de la Ordenanza. Este organismo de control y asistencia quedó constituído por Ordenanza, pero actualmente no funciona. Yo soy una de las personas que forma parte del organismo.

Más allá de la pandemia, durante todo el 2020 y lo que llevamos de este año no conseguimos que los representantes de la Municipalidad tengan la voluntad de empezar a redactar un Reglamento, ni que accionaran en otros aspectos relevantes para el funcionamiento del Consejo Consultivo. 

Además, existen contradicciones muy grandes respecto a intervenciones municipales que hacen al manejo de la vegetación sobre la ribera, sin planificación ni consideración respecto a lo que estipula la Ordenanza del AP. Antes de que el Consejo dejara de funcionar, algunos miembros hicimos pedidos de informes sobre esas intervenciones que se estaban llevando a cabo, pero no lo pudimos hacer en nombre de todo el Consejo porque justamente algunos representantes son parte del Ejecutivo, al que estábamos interpelando. 

¿Qué recepción tienen del Municipio ante los reclamos y notas que les han presentado?

GC: Los escritos como pedidos de informes no los han respondido. También desde el Consejo habíamos presentado notas pidiendo por la elaboración, por ejemplo, de cartelería y eso tampoco lo contestaron por escrito. Oralmente, los miembros del Consejo que representan a la Municipalidad, únicamente decían que no se podían llevar adelante esas acciones por falta de presupuesto, u otra excusa similar.

¿Qué tipo de impactos negativos han detectado en la zona que comprende el AP?

GC: El problema mayor son esas intervenciones municipales, el “mantenimiento” que hace la Municipalidad que principalmente implica desmonte en los sectores con mayor cobertura natural de la ribera, donde hay montecitos con espinillos, chilca del agua, sunchos y algunos árboles más grandes. También pasan la motoguadaña donde hay otro tipo de arbustos y herbáceas. Esto lo hacen sobre todo en la zona este del AP (entre Piedra Pintada y el centro de la ciudad). 

Además, percibimos como negativo la delimitación que se hizo de un sendero porque se llevó adelante sin ningún tipo de planificación o criterio. 

En relación a lo mencionado como “mantenimiento”, ¿se procede al estilo de parquización de ese sector..? 

GC: Varios años atrás, en pequeños sectores de la ribera, había cierto retroceso de la vegetación nativa asociado a que se dejaba pastar caballos o debido a que existen zonas inundables, pero lo de ahora es diferente. Se fue acaparando cada vez más área para generar ese tipo de desmonte, para parquizar el espacio. El problema es que dicen que pueden hacerlo porque pertenece a territorio provincial y que tienen permiso (algo que nunca demostraron), que no están afectando la Reserva. Esto sucede porque la delimitación del AP de la Ordenanza indica los límites de las cabeceras, pero no es clara respecto a la superficie que comprende de los costados del río. 

¿Sabrías decir aproximadamente cuánta es la extensión afectada por ese tipo de acciones municipales en la ribera?

GC: En total, más o menos unos 7 km. Entre Piedra Pintada y el centro, más otro sector.

Por último, como vecino de Villa Dolores, ¿podrías contarnos sobre los valores de conservación que protege el AP? 

GC: Así como lo establecen los objetivos de creación, el AP se propone la conservación del ecosistema del río. Hay zonas con distinto grado de intervención desde antes (de la creación del AP), y zonas que se han recuperado de estas intervenciones. Principalmente es eso, la recuperación y conservación del ecosistema de ribera de Río de los Sauces, en este sector de la cuenca baja. 

También hay manifestaciones históricas… Existen tomas antiguas de agua -incluso algunas han quedado dentro de propiedades privadas- y, del otro lado del río en San Alberto, hay grabados en piedra y conanas. Esa zona, en verano, es usada por las personas para refrescarse, pero presenta ciertos problemas porque han habido denuncias por filtración de aguas negras provenientes de sangrías antiguas de casas cercanas al río, que llegan hasta el cauce. Esta es una situación que persiste actualmente.

Y, ¿qué dirías respecto a la importancia de que esta AP se implemente? ¿Qué valor considerás que aporta a esta región y sus pobladores?

GC: Una parte del río, al oeste del ejido municipal, está muy degradada pero tiene gran potencial para mejorar el ambiente de los barrios lindantes. Se trata de barrios marginales que históricamente han tenido una segregación del resto de los barrios que conforman Villa Dolores. En contraposición, por ejemplo a Piedra Pintada y Barrio Balneario, que es una zona considerada la parte turística respecto al río, y tiene otra consideración por parte del municipio, recibe otra atención. En el otro extremo de la ciudad, hacia el oeste, se percibe más ausencia estatal, y tiene el registro de una creciente muy grande del año 1981 que se llevó casi un barrio entero que estaba instalado muy sobre el río. Una parte sobrevivió y tuvo que ser relocalizada, otra parte quedó sobre las barrancas, con las características que mencioné anteriormente. 

En esa zona el río no tiene agua permanente, porque una vez que se desvía más hacia el oeste, el caudal es desviado totalmente por canales de riego. Sólo tiene agua cuando se libera del Dique, o cuando hay lluvias, por ejemplo. Igualmente ese lugar tiene mucho potencial para ser un lugar agradable para vivir. 

Por otro lado, en la zona más céntrica hay Juntas Vecinales activas pero, en lo que refiere al AP, quizás quienes participan y buscan que se mejore la gestión estatal no tienen tanta noción de la importancia de conservar los montecitos nativos, y por eso respaldan las intervenciones negativas sobre la vegetación autóctona que realiza la Municipalidad. En ese sentido, falta mayor apreciación de lo que el AP puede brindar sin desmontarla.

Desde la ONG, y en relación al AP Río de los Sauces, ¿lograron generar alguna iniciativa allí?

En los años 2010, 2011 y 2017 llevamos adelante diferentes partes de un Proyecto de recuperación del río. Se hicieron limpiezas en la ribera en las que participó la comunidad vecinal, y se trabajó logrando regular la extracción de áridos que se hacía, -incluso con permiso de los Intendentes de Villa Sarmiento y San Pedro-. 

Cuando recién empezó a funcionar el área de Ambiente en la Municipalidad se mantuvo cierto cuidado en la zona, pero luego eso fue abandonado (aún con la creación del AP), porque no hay voluntad política.


Nuestro equipo de trabajo agradece la iniciativa de Gerardo Coria, entendiendo la entrevista que nos brindó como una oportunidad para conocer desde una voz local no sólo la situación actual de un AP municipal, sino también para apreciar las características singulares de ese paisaje, la relación histórica y actual entramada con las diferentes comunidades vecinales, y las distintas miradas y formas de vivir en ese ambiente. 

Análisis de la Situación Actual del Área Protegida Municipal «Río de los Sauces»

El escenario descrito pone en evidencia la ausencia de acciones de gestión por parte de quienes administran el AP, que son necesarias para que sea implementada y pueden suponer un aporte significativo para la calidad de vida de las comunidades locales.

Desde MAP replicamos la metodología que nos permitió analizar el estado de implementación de las APs de administración provincial de Córdoba a 2019 -adaptación del Scorecard de “Consolidación de Parques en Peligro” de The Nature Conservancy-, para estudiar el caso del Área Protegida Municipal «Río de los Sauces». 

Mediante 10 indicadores, el instrumento permite determinar para cada AP evaluada en qué estado de implementación se encuentra, de acuerdo a la cantidad de indicadores que alcanza de manera favorable: Mínimamente Implementada (10/10 Indicadores), Cercana a implementarse (7/9 indicadores), o No implementada (6 o menos indicadores). 

Para leer más sobre los aspectos metodológicos, hacé click aquí.

Según el análisis que realizamos, para el año 2021, el Área Protegida Municipal «Río de los Sauces» no está implementada, ya que sólo cumple con 3 de los 10 indicadores. 

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Fuente: datos provistos por Gerardo Coria.

Verificación de los datos y análisis: equipo MAP.

Autovía de Punilla y otros casos en Córdoba: los impactos de no planificar en forma participativa.

Las audiencias públicas, al igual que las manifestaciones sociales, son epicentro de la resistencia ciudadana ante actuaciones gubernamentales no representativas sobre la planificación territorial, las cuales ponen en evidencia relaciones de privilegio sostenidas con sectores privados para llevar a cabo acuerdos que profundizan el extractivismo. 

Recorremos el caso de la Autovía de Punilla y otros escenarios similares de los últimos meses que ejemplifican ese esquema, junto a la creciente participación popular que lo interpelan.

Las voces ciudadanas en las alternativas a la Ruta Nacional Nº 38 

En 2018 el Gobierno de Córdoba avanzó con un proyecto de traza para la “Alternativa a Ruta Nº 38 – Puente Costa Azul-La Cumbre”, que tuvo como antesala la construcción del Puente homónimo. Sin embargo, con fuerte oposición durante la audiencia pública y en la movilización del 31 de agosto -donde alrededor de 15 mil personas se manifestaron en las calles bajo el lema “No a la autovía de Montaña”-, en octubre el gobernador decidió paralizarlo.

Movilización en Ciudad de Córdoba en agosto de 2018 por el rechazo a la Autovía de Montaña de Punilla (Foto: gentileza de ACEN)

La iniciativa se mantuvo latente, hasta que en diciembre de 2020 apareció una nueva propuesta de trazado: la “Alternativa Ruta N° 38 – Tramo Variante Costa Azul-La Cumbre”, que implicaría un recorrido de 43.5 kilómetros dividido en dos etapas de construcción. Entre abril y mayo de 2021 tuvo lugar la audiencia pública en referencia al EsIA para el primer tramo proyectado de 21.7 km, que se extendió durante 25 días. Como resultado, de los 508 expositores, casi el 90% fundamentó su rechazo a la obra por considerar que se desatienden necesidades prioritarias de la población local, y se pone en peligro el abastecimiento de agua. También se destacó que el avance de expropiaciones para el desarrollo de infraestructura pública y la afectación a zonas de bosque nativo (incluso dentro de áreas protegidas), funciona como puerta de entrada para futuros negocios inmobiliarios, entre otras objeciones. Con intención de reforzar la negativa al proyecto, algunos profesionales elevaron una denuncia a la Corporación Argentina de Fomento (CAF) que financiaría gran parte de este primer tramo, por violar las salvaguardas ambientales y de transparencia. Y la comunidad local redactó una Carta Abierta al Presidente de la Nación Alberto Fernández, para detener su apoyo a la obra tras haber aprobado dicho préstamo antes de que finalizara la audiencia pública (Decreto Nacional 295/21).

A pesar de la resistencia social, hace unos días los medios informaron que la Secretaría de Ambiente de la Provincia otorgó la licencia ambiental.

El bosque nativo y las Áreas Protegidas en el Proyecto de la Autovía de Punilla

Las amenazas directas que tendría la obra sobre áreas de bosque nativo incluirían Zonas de Protección de Categoría I (Roja) y Categoría II (Amarilla), acorde a las Leyes Nacional 26331 y Provincial 9814, con impacto en la Reserva Parque Recreativo Natural y Cultural Municipal “Río Yuspe” (Ord. 3447 del año 2013 del Municipio de Cosquín), y la Reserva Hídrica Natural Provincial “Los Gigantes” (Ley Provincial 8941 del año 2001) Cabe señalar que adicionalmente al bosque nativo y el sistema hídrico de las cuencas afectadas en ambos casos, la primera Área Protegida comprende un importante registro arqueológico que podría perderse. Incluso Áreas Protegidas municipales y privadas cercanas al trazado propuesto se verían perturbadas.

Desde MAP sostenemos que, a sabiendas de los valores naturales y culturales que se verían perjudicados, no existen mitigaciones ni mucho menos compensaciones posibles. El escaso y hasta nulo nivel de implementación que poseen en la actualidad estas Áreas Protegidas refleja el vacío en la gestión territorial estatal del Sistema de Áreas Protegidas de Córdoba, pero no debe justificar el desmonte de los relictos de bosque nativo que albergan. De igual manera, señalamos que el último Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) de la provincia (Ley 9814/2010) está desactualizado al no cumplir -por dos períodos de 5 años- con lo establecido por Ley nacional (Ley 26331/2007); y que el último intento de modificarlo en 2016 pretendió ser aprobado a espaldas de la ciudadanía, sin efectivizar el proceso participativo correspondiente.

Tres situaciones actuales que mantienen en foco la problemática 

Consecutivamente a la audiencia pública por el EsIA de la “Alternativa Ruta Nº 38”, en el mes de julio debía llevarse a cabo la respectiva a un pretendido emprendimiento inmobiliario Torres del Lago en relación a la construcción de 15 torres y 11 edificios en predios de Villa Carlos Paz y Santa Cruz del Lago. Sin embargo, la misma fue suspendida ante gran oposición ciudadana, de distintas organizaciones socioambientales y hasta de la misma Municipalidad, por incumplimiento de la Ordenanza de área protegida municipal, entre otras razones. Mientras tanto, a principios de agosto se discutió públicamente el EsIA de un Proyecto que insiste en instalar una cantera a cielo abierto en Sierras Chicas (Puesto de Funes) en medio de dos Reservas Naturales municipales; y del 9 al 13 de agosto se desarrolló la audiencia respecto al Proyecto de autovía «Alternativa ruta provincial Nº5” en el Departamento de Santa María, que abarcaría casi 28 kilómetros. En esta oportunidad las comunidades nuevamente expresaron que no se trata de una obra de prioridad ni responde a las necesidades de los locales. Además, una de las fuertes denuncias radica en que el trazado aprobado en diciembre del 2020 fue modificado en enero sin pasar por la Legislatura, por lo que la consulta pública se realiza sobre una traza que carece de legalidad y legitimidad.

Paralelamente, en la localidad Villa General Belgrano se dará la audiencia pública por la construcción de la nueva terminal de ómnibus de dicha localidad en un predio municipal de 8ha, donde la comunidad propone la creación de una Reserva Natural Urbana (“Tierras del Tacu”), incluso previamente a que el Concejo Deliberante derogara una Ordenanza que daba protección especial al mismo.

Predio municipal de la localidad Villa Gral. Belgrano, donde la comunidad propone la creación de la Reserva Natural Urbana “Tierras del Tacu” (Foto: Vecinxs Autoconvocadxs de Villa Gral. Belgrano y Valle de Calamuchita – https://www.facebook.com/conservandolassierrasvgbcalamuchita).

En estos cuatro casos se ven implicadas zonas de bosque nativo: de Categoría II en Torres del Lago; Categoría I en Puesto de Funes; y Categoría I y II para el proyecto vial “Autovía Alternativa Ruta 5” y para el caso de la nueva terminal de Villa General Belgrano, involucrando en los tres primeros, áreas que sufrieron la voracidad de los últimos incendios.


Planificación territorial ¿con beneficio para quiénes?

Estamos viviendo una época que es testigo del significativo impacto global de las actividades humanas sobre los ecosistemas, en escenarios de lo más diversos a nivel nacional.

Se sabe hoy en día que la planificación territorial debe ser integral y participativa, además de tener en cuenta las diversas prioridades sociales y ambientales que las comunidades locales posean, expresen y demanden. La manera en que se pretende imponer el desarrollismo productivo, sin límites ni licencia social, vulnera parámetros actuales de gestión participativa incluso instituidos en documentos y normativas estatales de las jurisdicciones municipales, provinciales y nacionales vigentes.

En Córdoba, la Ley 10208/14 de Política Ambiental enmarca de diferentes maneras la participación ciudadana e instrumenta la Política y Gestión Ambiental, no sólo por medio de la Evaluación de Impacto Ambiental (que incluye el Estudio de Impacto Ambiental y las audiencias públicas), sino también a través de otros procesos, herramientas y mecanismos. Entre ellos, se determina el Ordenamiento Ambiental Territorial (OAT),el cual “se basa en la moderna concepción del ambiente, inclusiva de los bienes y valores naturales, sociales, económicos y culturales, desde una perspectiva más sistémica en la que ninguna de esas dimensiones puede ser dejada de lado (…) propone un enfoque dinámico, flexible y con capacidad adaptativa a los cambios de contexto, construido de manera participativa, multisectorial, interdisciplinaria y multinivel como requisito de legitimidad del proceso”. Este enfoque es superador desde una perspectiva legal, conceptual y social, a los enfoques más clásicos de Ordenamiento Territorial, centrados en la planificación de atributos particulares y uso del suelo desde una óptica tecnocrática, estática y no participativa.

En las últimas décadas se ha profundizado la visión mercantilista de la naturaleza regida por los monopolios que acentúan la inequidad social, mientras las palabras y prioridades enunciadas por las comunidades locales y los pueblos originarios son ignoradas. Sin embargo, en lo que respecta a estas problemáticas y sus conflictos ambientales, y a pesar de que las entidades gubernamentales pretenden aprovecharse de la cualidad no vinculante de las audiencias públicas, estas instancias representan un importante derecho ambiental adquirido y defendido. Y es posible comprobar que muchas veces la creciente presencia social en las consultas públicas, junto a las manifestaciones masivas en las calles, ejercen la presión deseada en decisiones gubernamentales inminentes disputando el poder que los Gobiernos pretenden retener puertas adentro.

En este sentido, sostenemos que la acción ciudadana legitima espacios de resistencia y el reclamo sobre la implementación de los mecanismos que habiliten su participación en los procesos de toma de decisiones de las políticas públicas ambientales.